La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sido enfática en que la entidad llegará "hasta las últimas consecuencias" en este caso, confirmando que esta es solo una de varias diligencias programadas. Paralelamente, el caso ha tenido otras repercusiones que afectan a figuras clave de la campaña. Un juzgado de Bogotá actualizó a 2,029 millones de pesos la deuda que la campaña mantiene con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) y ordenó el embargo de cuatro propiedades de Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña y actualmente es presidente de Ecopetrol. El embargo se produjo después de que Roa no respondiera a la demanda por una factura impaga de 1,109 millones de pesos por servicios de transporte aéreo. Estas acciones judiciales y de investigación mantienen la presión sobre el entorno del presidente y podrían tener implicaciones políticas significativas de cara al futuro.