Posteriormente, intentó registrar su comité por firmas, llamado "Independientes", pero la Registraduría, albergando dudas sobre su habilitación, elevó una consulta al CNE. Este último, a su vez, devolvió la responsabilidad a la Registraduría, argumentando que es la entidad competente para decidir sobre la inscripción inicial del comité. En un fallo de tutela, un juez admitió la acción de Quintero contra la Registraduría por presuntamente violar sus derechos políticos. La situación de Quintero es compleja, ya que su participación previa en el proceso del Pacto Histórico podría abrir la puerta a acusaciones de doble militancia si avanza con un movimiento independiente. Mientras las autoridades electorales definen su situación, el tiempo corre en su contra, pues el plazo para la entrega de las 635,000 firmas válidas necesarias vence el 17 de diciembre, un desafío logístico considerable que se ve agravado por la indefinición jurídica actual.