La iniciativa fue inmediatamente calificada por diversos sectores como una presunta compra de votos y una práctica clientelista.

En un video, Cárdenas anunció que los inscritos tendrían asegurado ser los primeros en ser tenidos en cuenta para el programa si él llegaba a la presidencia, e incluso afirmó haber firmado su compromiso en una notaría.

La propuesta exigía a los interesados suministrar datos personales, incluyendo número de cédula y lugar de votación. Críticos como la precandidata Vicky Dávila calificaron la estrategia como una "compra de votos disfrazada", argumentando que equivalía a decir "vote por mí y le doy un subsidio". Jurídicamente, la propuesta fue comparada con el delito de corrupción de sufragante, tipificado en el artículo 390 del Código Penal, que prohíbe prometer beneficios particulares a cambio de votos. Ante la avalancha de críticas, Cárdenas y su equipo eliminaron rápidamente el video y la página web de inscripción.

Posteriormente, el exministro reconoció su error y se excusó, aunque inicialmente defendió su plan como "buenas ideas" que generan reacciones. El incidente es visto como un grave tropiezo para su campaña, que buscaba proyectar una imagen técnica y alejada de la politiquería tradicional.