Esta vinculación directa entre un beneficio particular y su eventual elección generó un rechazo generalizado.

Figuras políticas como la precandidata Vicky Dávila calificaron la propuesta como una “compra de votos disfrazada”, mientras que el senador Jorge Enrique Robledo la tildó de “clientelismo, puro y duro”.

El abogado Lenin Humberto Bustos formalizó una denuncia penal, argumentando que el ofrecimiento podría configurar el delito electoral tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Ante la avalancha de críticas, el equipo de Cárdenas eliminó la publicación original y el sitio web de registro, y difundió un nuevo video sin la controvertida convocatoria a inscribirse.

Cárdenas defendió su propuesta en medios, afirmando que “las buenas ideas empiezan a generar también efectos y reacciones”, aunque no abordó directamente las acusaciones de ilegalidad. El caso ha puesto de relieve los límites éticos y legales de las promesas de campaña en una etapa preelectoral.