El magistrado del CNE, Altus Baquero, señaló que la ley 1475 de 2011 establece que quien se inscribe en una consulta y renuncia no puede participar en la elección para esa corporación, lo que podría inhabilitarlo. Además, inicia su proceso de recolección de firmas, que requiere aproximadamente 630.000 apoyos válidos, con meses de retraso en comparación con otros aspirantes. Su propuesta, que incluye ideas controversiales como convocar una asamblea constituyente y cerrar el Congreso, lo posiciona como una figura disruptiva, pero su viabilidad dependerá de superar los obstáculos jurídicos y logísticos que tiene por delante.