La jornada electoral, que representa el primer gran pulso en la carrera hacia la presidencia, ha estado marcada por una considerable complejidad jurídica y estratégica.

El proceso, cuyo costo se estima en cerca de 200.000 millones de pesos, movilizará una logística nacional con aproximadamente 20.000 mesas de votación y 150.000 jurados, según confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

La contienda principal por la candidatura presidencial se libra entre el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho.

Aunque el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, retiró su aspiración, su nombre permanecerá en el tarjetón por razones logísticas, si bien los votos a su favor no tendrían validez.

Un movimiento estratégico clave fue la renuncia de los partidos Unión Patriótica y Comunista a participar en la consulta presidencial.

Esta decisión busca asegurar que el proceso sea considerado de carácter “partidista” (interno del Polo Democrático) y no “interpartidista”. Dicha distinción es fundamental, ya que, según la ley, el ganador de una consulta interna puede participar posteriormente en una consulta interpartidista más amplia, como la del “Frente Amplio” prevista para marzo, mientras que el ganador de una interpartidista quedaría inhabilitado para ello.

Esta maniobra busca blindar al candidato del petrismo y mantener abierta la puerta a coaliciones futuras.

La Registraduría ha confirmado que, pese a las controversias, todo está dispuesto para la jornada, aunque no se llevará a cabo en el exterior.