Jurídicamente, esto transforma la consulta de "interna" a "interpartidista", lo que, según la ley, impediría al ganador participar en una futura consulta de un "frente amplio" en marzo. A esta problemática se suma un caos logístico, pues la Registraduría ya había impreso cerca de 39 millones de tarjetones con el logo del Pacto, lo que implicaría una reimpresión con un posible detrimento patrimonial millonario. En medio de esta situación, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, denunció un supuesto plan para usar la consulta como fachada para obtener recursos del Estado. Garrido instó a los colombianos a no participar, asegurando que la verdadera intención es acceder a los fondos de reposición de votos. "De esta manera, además de los $3.000 millones de la consulta de octubre, se meterá al bolsillo otros $3.000 millones en marzo", alertó la congresista.