Propone un modelo mixto con pagos directos a clínicas y hospitales bajo estrictas auditorías.

En materia de seguridad, plantea la necesidad de establecer “líneas rojas” en los diálogos de paz, como la prohibición del secuestro y el reclutamiento de menores. A pesar de la incertidumbre jurídica que rodeó la consulta, Corcho ha mantenido su campaña activa, impugnando el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente obstaculizó el proceso y celebrando la confirmación de la Registraduría. Su aspiración representa la continuidad de las políticas más emblemáticas del actual gobierno.