La propuesta ha generado un amplio debate sobre su conveniencia y sus verdaderas intenciones.

Mientras el Gobierno la defiende como una vía para profundizar la democracia y garantizar los cambios prometidos, diversos sectores políticos y analistas advierten sobre los riesgos de inestabilidad institucional. Se argumenta que abrir un debate constitucional en un clima de alta polarización podría generar un “caos legal” y distraer de urgencias nacionales como la seguridad y la economía. Además, han resurgido las sospechas de que la Constituyente podría ser un vehículo para habilitar la reelección presidencial, a pesar de que el propio Petro ha negado tener esa intención. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha señalado que el presidente podría ser candidato en 2030 sin necesidad de una constituyente, aunque la normativa actual lo prohíbe explícitamente sin una reforma constitucional previa. Por ahora, la iniciativa se perfila más como una herramienta de agitación política y una bandera de campaña de cara a las elecciones de 2026.