La Registraduría avaló el proceso, pero con un matiz crucial: se realizará como una consulta “interpartidista” entre los partidos con personería jurídica (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista), y no como una consulta interna del Pacto Histórico, cuya fusión legal aún está condicionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta distinción ha generado un nuevo debate jurídico, liderado por expertos como el exregistrador Juan Carlos Galindo, sobre si el ganador de esta consulta interpartidista estaría legalmente habilitado para competir en una segunda consulta del “Frente Amplio” en marzo de 2026, o si, por ley, estaría obligado a ir directamente a la primera vuelta presidencial.

A pesar de las dudas, los precandidatos celebraron la decisión y continúan sus campañas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la confirmación como “una buena noticia” para la democracia.