En un tono más fuerte, acusó al presidente de querer “volver a incendiar a Colombia”.

La controversia escaló con la aparición del concejal del Centro Democrático, Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, quien portaba un bate de béisbol y afirmaba estar dispuesto a “declarar la guerra” a los vándalos para defender la propiedad privada. En respuesta, el presidente Petro acusó directamente al alcalde Gutiérrez de haber “ordenado la violencia”. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó a los grupos de seguridad que intervinieron como “milicias fascistas” y “puro militarismo prohibido por la ley”, y ordenó a la Policía disolver dichos grupos e iniciar una investigación penal. El Ministerio del Interior anunció el envío de una comisión interinstitucional a Medellín para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos durante la protesta. Este choque evidencia la profunda polarización política del país, llevando un incidente de orden público a una confrontación directa entre el poder ejecutivo nacional y el de una de las principales ciudades.