El congresista enfrenta una demanda por presunto tráfico de influencias debido a su supuesta intervención para asegurar nombramientos irregulares en el SENA. Durante la audiencia en el alto tribunal, la procuradora delegada Idayris Yolima Carrillo argumentó que, si bien las conversaciones reveladas en medios de comunicación sobre peticiones de cargos para familiares y allegados de Racero lo dejaban “mal parado”, no se demostró de forma “inequívoca” que el representante hubiera utilizado su cargo o ejercido presión indebida sobre el director del SENA, Jorge Londoño, para lograr dichos nombramientos. La delegada del Ministerio Público afirmó que “no toda recomendación de una persona es un tráfico de influencias” y que no se logró probar la existencia de un “influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento”.

Por su parte, el representante Racero negó haber cometido cualquier acto ilegal y calificó el proceso como politizado.

“Soy una persona que ha respetado profundamente la legalidad, la constitución y el cargo que ostento”, declaró. El caso, que también tiene investigaciones penales en la Corte Suprema y disciplinarias en la Procuraduría, queda ahora en manos de la Sección Segunda del Consejo de Estado para su decisión final.