El Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo han presentado diagnósticos contradictorios sobre el nivel de riesgo para las elecciones de 2025 y 2026, generando un debate sobre la verdadera situación de seguridad en el país. Mientras el Ministerio del Interior identifica 104 municipios en riesgo, la Defensoría emitió una Alerta Temprana que advierte sobre 649 municipios, más de la mitad del territorio nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la preocupación del Gobierno se centra en “zonas donde hay producción y cultivo de coca”, como Catatumbo, Cauca, Nariño y Chocó. Benedetti criticó la metodología de la Defensoría, sugiriendo que sus informes se basan en denuncias no verificadas y que “se equivoca mucho”, insinuando que podría haber “maldad o falta de conocimiento del país”. En respuesta, el Gobierno activó el “Plan Democracia”, que contempla el despliegue de 20.000 uniformados para proteger las actividades políticas.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, defendió su informe, resultado del trabajo de más de 100 analistas en 42 regionales.
La Alerta Temprana clasifica los municipios en cinco niveles de acción, señalando que 62 requieren “acción inmediata” y 162 “acción urgente”. Marín enfatizó que “ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones”, sino que son “advertencias técnicas para proteger a la ciudadanía”.
El registrador Hernán Penagos respaldó esta visión, asegurando que los comicios no serán aplazados.
La región más crítica, según la Defensoría, es el suroccidente (Cauca, Nariño y Valle del Cauca).
En resumenExiste una marcada discrepancia entre el Gobierno, que reporta 104 municipios en riesgo electoral, y la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre 649. Esta diferencia de cifras ha generado un debate sobre la metodología y la percepción de la seguridad en el país de cara a las elecciones de 2026, aunque ambas partes coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad en los territorios más vulnerables.