Para sortear este obstáculo, Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron una tutela, logrando una medida cautelar que permitió las inscripciones.

Sin embargo, el fallo de fondo del Tribunal revocó dicha medida, argumentando que el CNE actuó dentro de la ley. El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, calificando la decisión como un “golpe político contra la democracia premeditado” y un “sabotaje” para impedir la participación de su coalición. Tras una reunión de urgencia en la Casa de Nariño, los tres precandidatos firmaron un acuerdo para mantener la consulta, denunciando un intento de la derecha por dividirlos. La Registraduría, por su parte, argumenta que el proceso sigue adelante porque la solicitud fue hecha por partidos con personería jurídica vigente (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista), configurándose como una consulta interpartidista, no interna. El registrador Hernán Penagos desmintió haber conversado con Daniel Quintero para darle garantías, como este había afirmado, y subrayó que la decisión se basa en análisis técnicos.

El costo de la consulta asciende a 193.517 millones de pesos.