A raíz del incidente, la asociación Mafapo, junto con el senador Iván Cepeda y otros congresistas, radicaron una denuncia penal en la Corte Suprema y una queja disciplinaria en la Procuraduría. Los denunciantes argumentaron que la conducta de Polo Polo constituía una “justificación abierta de crímenes de lesa humanidad y una incitación al odio contra las víctimas”. Con la apertura formal del proceso, la Corte Suprema escuchará en indagatoria al congresista para establecer si su conducta configura el delito de discriminación, en un caso que ha reavivado el debate sobre el respeto a la memoria de las víctimas del conflicto armado.