La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación penal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, centrada en una posible violación de los topes de gasto. La indagación se enfoca en el uso de vuelos de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), los cuales habrían sido utilizados por el entonces candidato Petro y su equipo, pero reportados contablemente como gastos de la campaña al Senado del Pacto Histórico. Según la investigación, revelada por la revista Cambio y confirmada por la Corte, esta maniobra habría tenido como objetivo ocultar gastos de la campaña presidencial para no exceder los límites legales.
El monto de los vuelos en cuestión asciende a 1.215 millones de pesos. El alto tribunal encontró que, aunque los costos se cargaron a los aspirantes al Senado, las bitácoras de vuelo y las comunicaciones muestran que los pasajeros habituales eran Gustavo Petro, su familia, Laura Sarabia y Armando Benedetti.
La Corte ha compulsado copias a la Fiscalía para que investigue por fraude procesal y falsedad en documento privado a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol, y a Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña al Senado y actual ministro de Salud. Curiosamente, la Fiscalía había archivado una investigación previa contra Jaramillo por el mismo caso en julio, pero podría reabrirla ante la nueva evidencia presentada por la Corte.
En resumenLa investigación de la Corte Suprema sobre la financiación de la campaña de 2022 pone en aprietos a figuras clave del Gobierno, como Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo. De comprobarse la alteración de los registros contables para evadir los topes de gasto, los implicados podrían enfrentar graves consecuencias penales, y el escándalo podría tener repercusiones políticas para el presidente Petro.