Según el Ministerio Público, Petro Burgos habría generado un “aumento patrimonial no explicado” que supera los 1.189 millones de pesos. La investigación determinó que sus ingresos netos como diputado, que ascendían a poco más de 219 millones de pesos, eran considerablemente inferiores a los gastos registrados en ese mismo periodo, los cuales sobrepasaron los 1.409 millones. Para la Procuraduría, el exdiputado “habría tenido ingresos que no provenían de su actividad en la Asamblea Departamental”. El caso se sustenta en pruebas que incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían la compra de bienes, como una vivienda en Puerto Colombia, con recursos de origen no justificado. Estas acusaciones se originaron en las declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien afirmó que Petro Burgos recibió dineros de figuras controversiales como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, recursos que presuntamente estaban destinados a la campaña presidencial de su padre pero que habrían sido desviados para gastos personales.