Esta decisión dejaba sin piso jurídico la participación de precandidatos como Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y María José Pizarro. Ante este panorama y el riesgo de que el ganador de una consulta interpartidista quedara inhabilitado para futuras alianzas, el Comité Político del Pacto anunció el 25 de septiembre la suspensión de la consulta presidencial.

Sin embargo, la situación dio un giro radical.

Primero, el Tribunal Superior de Bogotá concedió una medida cautelar, producto de una tutela de Bolívar y Corcho, que ordenaba a la Registraduría permitir la inscripción de todos los aspirantes.

El golpe definitivo llegó desde Nueva York, cuando el presidente Petro desautorizó al comité con un mensaje en X: “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”.

Según fuentes internas, Petro se sintió “traicionado” por la decisión de suspender el mecanismo.

Esta presión obligó al comité a reunirse de emergencia y revivir la consulta, aunque reducida a tres aspirantes para mitigar los riesgos legales.