La precandidatura presidencial de Daniel Quintero se ha convertido en el principal foco de división dentro del Pacto Histórico, enfrentando a facciones que priorizan la ética y la coherencia ideológica con aquellas que defienden la participación abierta. Las críticas se centran en la imputación por corrupción que enfrenta el exalcalde de Medellín y en sus presuntas alianzas con sectores políticos tradicionales ajenos a la izquierda. El rechazo más vehemente proviene de Gustavo Bolívar, quien condicionó su participación en la consulta a la exclusión de Quintero, argumentando que no apoyaría a un “imputado por corrupción”. Bolívar calificó la candidatura de Quintero como una representación de la “cleptocracia” con “muchas sombras”. En una línea similar, la exministra Susana Muhamad impugnó el aval ético otorgado a Quintero, señalando no solo sus procesos judiciales sino también sus alianzas con fuerzas “cuestionadas por corrupción”.
En contraste, Quintero ha defendido su derecho a participar, enmarcando las críticas como un “miedo al pueblo”. “Los que le tengan miedo al pueblo que no se inscriban.
El Pacto, unido, jamás será vencido”, declaró, desafiando a sus detractores.
El exalcalde ha negado las acusaciones de corrupción y ha calificado las críticas de Bolívar como un “cálculo político”, insinuando que este se retiró al ver que “los números no le daban para ganar”. La senadora Esmeralda Hernández también defendió al exalcalde, argumentando que “no se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando el principio de presunción de inocencia”. Esta pugna refleja una lucha de poder interna sobre el futuro y la identidad del proyecto progresista.
En resumenLa candidatura de Daniel Quintero es el catalizador de una profunda fractura en el Pacto Histórico. El conflicto entre la defensa de la presunción de inocencia y las exigencias de coherencia ética definirá no solo el resultado de la consulta, sino también el nivel de unidad de la izquierda para las elecciones de 2026.