El procurador general, Gregorio Eljach, respaldó el proceso, afirmando: “Yo defiendo que esa ley se tramitó bien”, y argumentó que las actas no son un requisito constitutivo del trámite legislativo. Sin embargo, congresistas de oposición como Katherine Miranda y Juan Espinal han denunciado que persiste un vicio insubsanable e incluso han advertido sobre un posible delito de “falsedad en documento público”, ya que el acta clave habría sido aprobada sin las mayorías necesarias.

Ahora, el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, criticado por el presidente Petro y el ministro Armando Benedetti, deberá analizar las pruebas para determinar si se corrigieron los vicios o si la ley debe ser declarada inexequible.