Esta iniciativa ha generado un amplio rechazo y preocupación sobre la estabilidad democrática del país.

Durante un acto de entrega de tierras en La Dorada, Caldas, el mandatario afirmó que su gobierno ya no impulsará una consulta popular, sino que se enfocará en la Constituyente como la “nueva fase de la lucha popular”. Según Petro, este mecanismo es necesario porque “nos quieren poner conejo en la reforma a la salud, en la pensional”.

Aclaró que no busca una nueva Constitución, sino hacer realidad el Estado Social de Derecho consagrado en la Carta de 1991, que a su juicio fue vulnerado por una “gobernanza paramilitar”.

La propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas.

El procurador general, Gregorio Eljach, la calificó como un “contrasentido lógico e histórico”, argumentando que “una asamblea constituyente es para constituir, no para modificar” y que su trámite tomaría al menos un año y medio, superando el mandato actual. De manera similar, congresistas como Jaime Raúl Salamanca han señalado que las reformas necesarias deben realizarse a través del Congreso, el canal institucional previsto para ello. La insistencia de Petro en este mecanismo radicaliza su postura y lo posiciona como un tema central de la agenda política de cara a las elecciones de 2026.