El presidente Gustavo Petro ha utilizado estos hallazgos para arremeter contra administraciones pasadas y defender su reforma a la salud.

En una alocución nacional, Petro denunció un “enorme robo a la salud en Colombia”, asegurando que la anterior administración de la EPS ocultó 5 billones de pesos en deudas a través de 12 millones de facturas sin procesar. El mandatario acusó a los directivos de gastar los recursos públicos “en cheetos, papas fritas y paletas”, y afirmó que los responsables “deben ir a la cárcel”.

Petro fue enfático en su postura frente al sistema: “Las EPS seguirán quebrándose.

No las voy a salvar”.

Esta crisis es utilizada por el Gobierno como la principal justificación para eliminar la intermediación financiera de las EPS y avanzar hacia un modelo de giro directo a clínicas y hospitales, pilar de su estancada reforma a la salud. El informe de la Contraloría detalla que la crisis se agravó tras la intervención estatal, con un aumento del 198% en la deuda entre diciembre de 2022 y marzo de 2025. Figuras de la oposición como el exministro Fernando Ruiz y el precandidato Jorge Enrique Robledo han respondido, señalando que, si bien los problemas venían de antes, la gestión del gobierno Petro ha empeorado la situación y ha utilizado la crisis para presionar por la estatización del sistema.