La candidatura, sin embargo, está condicionada por su situación judicial.

Uribe fue condenado en primera instancia a doce años de prisión por soborno y fraude procesal, y aunque el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad mientras se resuelve la apelación, una sentencia en firme lo inhabilitaría. Juristas como Iván Cancino sostienen que, mientras la condena no esté en firme, Uribe conserva sus derechos políticos, pero el desenlace del proceso judicial será determinante.

La decisión de Uribe de renunciar a la prescripción de su caso añade más incertidumbre sobre los tiempos judiciales. El anuncio ha generado un amplio debate sobre la legitimidad de su aspiración y el impacto que tendrá en la campaña legislativa, donde su figura podría arrastrar una votación significativa, pero también catalizar la oposición.