La Corte Constitucional ha admitido para su estudio una demanda contra la Ley 2494 de 2025, que impone nuevas y estrictas regulaciones a la publicación de encuestas electorales en Colombia. La norma, impulsada por congresistas de diferentes vertientes políticas, ha generado una fuerte controversia por establecer una veda que prohíbe preguntar sobre la intención de voto presidencial hasta el 31 de octubre, tres meses antes de la inscripción de candidatos, y por endurecer los requisitos técnicos para su realización. El demandante, Juan Manuel Molina, argumenta que la ley debió tramitarse como estatutaria, ya que regula derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Además, sostiene que las nuevas exigencias, como incluir obligatoriamente a todos los municipios con más de 800.000 habitantes y mantener un margen de error máximo del 3 %, duplican o triplican los costos, haciendo inviable su realización frecuente.
Esto ya ha tenido consecuencias prácticas: la firma Invamer interrumpió su encuesta bimensual por primera vez en 32 años.
Una de las paradojas señaladas es que, mientras se busca mejorar la calidad de la información, la ausencia de encuestas profesionales ha dado paso a la proliferación de sondeos falsos y datos de casas de apuestas en redes sociales, sin posibilidad de contraste.
Críticos como el encuestador César Caballero advierten que la veda solo aplica para los medios y el público general, mientras que los candidatos con recursos seguirán contratando estudios privados, creando una asimetría informativa que beneficia a las campañas más poderosas.
El magistrado ponente, Juan Carlos Cortés, ya solicitó al Congreso y a diversas entidades sus conceptos sobre el impacto de la ley.
En resumenLa Corte Constitucional estudiará una demanda contra la nueva ley de encuestas, que prohíbe publicar sondeos de intención de voto presidencial hasta finales de octubre y endurece los requisitos técnicos. Críticos argumentan que la norma, en lugar de mejorar la información, ha provocado la proliferación de encuestas falsas y crea una ventaja para candidatos con recursos que pueden financiar estudios privados, mientras que firmas como Invamer han suspendido sus mediciones públicas debido a los altos costos.
Antena 2
AS Colombia
Colombia Press
Confidencial Noticias
Cuestión Pública
Diario ADN
El Expediente
El País
El Tiempo
Futbolred
La FM
La República
Las2orillas
La Silla Vacía
Latitud 435
Panam Post
Portafolio
Publimetro
Pulzo
Radio Nacional de Colombia
Razón Pública
RCN Radio
Semana
Valora Analitik
