El presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente una operación militar estadounidense en el Caribe, calificándola de “asesinato”, después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la destrucción de una embarcación con drogas procedente de Venezuela. Esta reacción subraya la postura crítica de su administración frente a las estrategias de interdicción militar y su distanciamiento de la política antidrogas tradicional liderada por Washington. El incidente, confirmado por el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, resultó en la muerte de once personas que, según la versión estadounidense, eran integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua. A través de su cuenta de X, Petro reaccionó de inmediato: “Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”.
El mandatario contrastó esta acción letal con la práctica de Colombia, afirmando: “Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos”.
Además, argumentó que quienes transportan los estupefacientes no son los grandes capos, sino “los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.
La canciller Rosa Villavicencio complementó la posición del gobierno al calificar el despliegue naval estadounidense en la zona como “desproporcionado”. La postura del presidente generó un fuerte debate, evidenciando las tensiones geopolíticas en la región y el enfoque diferenciado de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, priorizando la acción contra los grandes capitales sobre los eslabones más débiles de la cadena.
En resumenLa contundente reacción del presidente Petro, al calificar de “asesinato” una operación militar de Estados Unidos, evidencia un giro en la política exterior y de lucha contra las drogas de Colombia. Su postura genera tensiones con Washington y la oposición interna, al tiempo que reafirma su enfoque de no criminalizar a los transportistas de droga de bajo nivel.