El presidente Gustavo Petro ha defendido la reforma asegurando que “va hacia los más ricos del país” y que no afectará la canasta familiar. En una controvertida alocución, justificó el impuesto a la gasolina afirmando que “el pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las 4 puertas”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó esta línea, calificando de “cínicos y mentirosos” a quienes dicen que la reforma gravará a la clase media. Sin embargo, la propuesta ha recibido un aluvión de críticas. Figuras de la oposición como María Fernanda Cabal y Daniel Palacios, el expresidente César Gaviria y gremios como Fenalco y AmCham Colombia, han calificado la iniciativa de “atraco”, advirtiendo que afectará a la clase media, a los trabajadores y a los pequeños empresarios. Exministros como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo la consideran inoportuna e inviable, señalando la falta de un recorte en el gasto público. El ambiente en el Congreso es adverso, y muchos legisladores anticipan que el proyecto será hundido en un año preelectoral.
Gobierno Petro radica ambiciosa reforma tributaria y desata un intenso debate nacional
El Gobierno Nacional radicó en el Congreso una nueva y ambiciosa reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento, con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. La iniciativa ha generado una fuerte controversia política y económica por su amplio alcance y su impacto en múltiples sectores productivos y en el bolsillo de los ciudadanos. El proyecto propone una serie de gravámenes que han sido objeto de un intenso escrutinio. Entre las medidas más destacadas se encuentra la aplicación de un IVA progresivo a los combustibles, que llegaría al 19 % en 2027 para la gasolina, y un aumento de la misma tarifa para bebidas alcohólicas, juegos de suerte y azar en línea, boletas para espectáculos de más de 500.000 pesos y vehículos híbridos. Adicionalmente, se plantea una sobretasa de renta para el sector financiero, un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón, y la obligación para las iglesias de tributar por sus actividades comerciales.



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Tras semanas de protestas, el Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron este 11 de enero la derogación del decreto que elimina la subvención a los combustibles en el país andino. Como alternativa, convinieron crear una nueva norma que replica esa disposición, pero anula otras que generaron rechazo en esos sectores que mantuvieron en pie de guerra durante semanas. Por su parte, los trabajadores movilizados comprometieron a abandonar los cortes de carreteras.

Primera gran jornada nacional de sensibilización sobre paz electoral El Procurador, junto al Registrador y Contralor han advertido sobre riesgos en torno a las organizaciones armadas ilegales, fake news y ciberataques



