Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación electoral en más de 3.500 millones de pesos. El documento, de más de 600 páginas, propone millonarias sanciones económicas contra los directivos de la campaña y los partidos que la avalaron. La ponencia, que será votada en la Sala Plena del CNE el 11 de septiembre, pide multas solidarias por cerca de 5.900 millones de pesos para Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, así como para la tesorera y la auditora.
También se proponen sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Según la investigación, se detectaron irregularidades como financiación de fuentes prohibidas y gastos no reportados en ambas vueltas presidenciales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de la campaña, asegurando que “los topes nunca fueron excedidos” y que confía en la legalidad de la gestión de Roa. Por su parte, el abogado de Colombia Humana, Ulises Durán, argumentó que la facultad sancionatoria del CNE ya caducó. El presidente Petro quedó excluido de esta investigación por su fuero, por lo que su caso fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La aprobación de la ponencia requiere seis de los ocho votos posibles en la Sala Plena, un escenario complejo dada la división interna del tribunal.
En resumenLa ponencia del CNE que señala la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro marca un hito en la fiscalización electoral en Colombia. Aunque el presidente está protegido por su fuero, la posible sanción a su gerente de campaña y a los partidos del Pacto Histórico genera un fuerte impacto político y abre un nuevo frente de controversia para el Gobierno.