Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso judicial por manipulación de testigos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció formalmente su renuncia a la prescripción de la acción penal en el proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La decisión busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sin la presión del vencimiento de términos, que estaba fijado para el 16 de octubre de 2025. Mediante una carta radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe renunció voluntariamente a la prescripción de su caso, en el cual fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Esta decisión impide que el proceso se cierre por vencimiento de plazos y obliga a los magistrados a emitir una sentencia definitiva sobre la apelación. Uribe argumentó que su objetivo es que se realice un “análisis sereno, ponderado e integral de la prueba” sin la presión del tiempo. En el documento, afirmó: “La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo”. Su abogado, Jaime Granados, explicó que la medida busca quitar presión a los magistrados para que puedan tomar una decisión con la debida calma. La renuncia se produce en un momento en que la Sala 19 Penal del Tribunal Superior de Bogotá se dedica de manera exclusiva a analizar el expediente. El senador y precandidato Iván Cepeda reaccionó a la noticia calificándola como un gesto “más de imagen que de otra cosa”, afirmando que “no le asigno a eso una trascendencia significativa, sobre todo porque están claras las fechas y los tiempos”.

En resumen

La renuncia de Álvaro Uribe a la prescripción de su proceso es un movimiento estratégico que busca forzar una decisión judicial de fondo sobre su condena. Aunque él lo presenta como un acto en busca de justicia y verdad, sus opositores lo interpretan como una maniobra de imagen, mientras el Tribunal Superior de Bogotá ahora tiene más tiempo para resolver la apelación.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso judicial por manipulación de testigos

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