El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión nicaragüense como “inamistosa y agresiva”, advirtiendo que se deberían revisar las relaciones diplomáticas. Por su parte, la Cancillería y el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida, argumentando que el asilo no aplica para delitos comunes y que la decisión “desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición” de 1929. La controversia se agudiza por las revelaciones de que funcionarios de la embajada colombiana en Managua, durante la gestión del hoy senador León Fredy Muñoz, ayudaron a González a obtener su residencia en Nicaragua mientras ya era investigado en Colombia. El presidente Petro, por su parte, intentó explicar la decisión de Ortega argumentando razones históricas y políticas, afirmando que “Ortega no quiere a Petro” y que el asilo se debe a la participación de González en la lucha sandinista. Estas justificaciones han sido insuficientes para calmar las críticas de la oposición y de exfuncionarios como Ángela María Buitrago, quienes señalan la contradicción del gobierno al criticar a Nicaragua mientras en Colombia se han negado extradiciones a Estados Unidos.