Como respuesta directa a la escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno declarará como organizaciones terroristas al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC, solicitando que sean perseguidas a nivel internacional. Tras los atentados en Cali y Amalfi, el presidente Gustavo Petro marcó un giro en su discurso, alejándose de la narrativa de diálogo para adoptar una de confrontación directa. Desde Valledupar, el mandatario aseguró que los ataques son una reacción a los golpes militares propinados a las estructuras criminales en el Cañón del Micay. Petro responsabilizó a una confederación de mafias que denominó la “Junta del Narcotráfico”, la cual, según él, dirige a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. En su pronunciamiento, el presidente fue enfático al solicitar “al Estado colombiano y en general al mundo, a los Estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas (...) sean consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”.
Esta declaración implica un cambio fundamental en la estrategia de 'Paz Total', que hasta ahora contemplaba acercamientos y negociaciones con algunos de estos grupos. Además, el jefe de Estado anunció que pedirá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que inicie un proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los líderes de estas organizaciones por crímenes de lesa humanidad. Calificó los ataques como actos que “irradian pánico en la población civil”, diferenciándolos de un conflicto armado convencional y catalogándolos como crímenes de guerra.
En resumenLa decisión del presidente Petro de designar como terroristas a los principales grupos armados del país representa un endurecimiento significativo de su política de seguridad. Este cambio prioriza la persecución judicial y militar internacional sobre el diálogo, redefiniendo las reglas de la 'Paz Total' y marcando una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado.