El escándalo de corrupción de la UNGRD ha escalado a una crisis diplomática y de credibilidad para el Gobierno, tras revelarse que el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, obtuvo residencia en Nicaragua con presunta ayuda de la embajada colombiana mientras era requerido por la justicia. Documentos revelados por medios de comunicación indican que la Embajada de Colombia en Managua solicitó la renovación de la residencia de González el 21 de mayo de 2025, el mismo día que la Fiscalía le imputaba cargos por cohecho, lavado de activos y peculado. Además, se conoció que el hoy prófugo vivió durante meses en la residencia oficial del embajador. La reacción del Gobierno ha sido contradictoria.
Inicialmente, el presidente Gustavo Petro y la entonces canciller Laura Sarabia negaron cualquier conocimiento o gestión.
La Cancillería emitió un comunicado atribuyendo la solicitud a un funcionario de la embajada que actuó “de manera inconsulta y sin autorización”, y anunció una investigación disciplinaria. La Procuraduría también abrió una indagación previa para determinar la posible colaboración de funcionarios en la fuga. Ante la creciente presión pública y las críticas de la oposición, el presidente Petro cambió su postura y anunció que solicitará formalmente al gobierno nicaragüense la entrega de González. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, afirmó el mandatario. El caso ha provocado un duro enfrentamiento con la precandidata Claudia López, quien acusó a Petro de encubrimiento, a lo que el presidente respondió vinculándola políticamente con González.
En resumenLa fuga y residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua ha puesto al Gobierno Petro en una posición defensiva, enfrentando acusaciones de complicidad y minando su discurso anticorrupción, lo que culminó en la decisión de solicitar formalmente su entrega a la justicia colombiana.