Inicialmente, el presidente Gustavo Petro y la entonces canciller Laura Sarabia negaron cualquier conocimiento o gestión.

La Cancillería emitió un comunicado atribuyendo la solicitud a un funcionario de la embajada que actuó “de manera inconsulta y sin autorización”, y anunció una investigación disciplinaria. La Procuraduría también abrió una indagación previa para determinar la posible colaboración de funcionarios en la fuga. Ante la creciente presión pública y las críticas de la oposición, el presidente Petro cambió su postura y anunció que solicitará formalmente al gobierno nicaragüense la entrega de González. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, afirmó el mandatario. El caso ha provocado un duro enfrentamiento con la precandidata Claudia López, quien acusó a Petro de encubrimiento, a lo que el presidente respondió vinculándola políticamente con González.