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Precandidatos suspenden campañas y alertan sobre riesgos para las elecciones de 2026

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha generado una crisis de confianza en las garantías de seguridad para el ejercicio político, llevando a varios precandidatos presidenciales a suspender sus actividades de campaña y a exigir acciones contundentes por parte del Gobierno. Este clima de temor pone en duda la viabilidad de un proceso electoral libre y seguro para el 2026. Tras el atentado, la senadora y precandidata Paloma Valencia fue una de las primeras en solicitar la suspensión de todas las campañas presidenciales, argumentando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no estaba en capacidad de garantizar la vida de los aspirantes. A su llamado se unieron otras figuras de la oposición como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, así como de otros sectores, incluyendo a Claudia López, David Luna, Gustavo Bolívar y María José Pizarro. La Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su subdirector Frey Muñoz, advirtió que sin garantías no pueden existir elecciones libres.

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"El respeto a la vida es condición para una democracia real.

No se puede competir bajo amenazas", señaló.

Aunque el presidente Petro ordenó reforzar los esquemas de seguridad, la desconfianza persiste, al punto que algunos sectores han planteado no reconocer al mandatario ni a su ministro del Interior como garantes del proceso electoral. El analista Jairo Libreros concluyó que "el Estado debe desplegar todos sus recursos para proteger a quienes participarán en las elecciones de Congreso y Presidencia", reflejando la urgencia de una respuesta institucional robusta para evitar que la violencia silencie la democracia.

ai briefingEn resumen
El asesinato de Miguel Uribe ha provocado la suspensión de varias campañas presidenciales y ha encendido las alarmas sobre la falta de garantías de seguridad. Este clima de miedo amenaza el desarrollo de unas elecciones libres y justas en 2026, exigiendo una respuesta contundente del Estado.

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