Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sacude el panorama electoral colombiano

El fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto de 2025, tras luchar por su vida durante 65 días después de un atentado sicarial, ha sido calificado por la Fiscalía General de la Nación como un magnicidio. Este hecho ha conmocionado a Colombia, reabriendo las heridas de la violencia política que marcaron al país en décadas pasadas y generando una profunda incertidumbre sobre el futuro de la democracia y las garantías para el ejercicio político de cara a las elecciones de 2026. Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio en Bogotá por un sicario menor de edad que le propinó tres disparos, dos de ellos en la cabeza, mientras realizaba un acto de campaña. Su muerte no solo representa la pérdida de una de las figuras más visibles y con mayor proyección de la oposición, sino que también evoca los asesinatos de líderes como Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, crímenes que alteraron drásticamente el rumbo político de la nación. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que "el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia", y reafirmó el compromiso de identificar a los determinadores. La muerte del senador, cuya trayectoria política incluye haber sido el más votado de su lista en 2022, intensifica la polarización y plantea un desafío monumental para la justicia y la seguridad nacional, poniendo a prueba la capacidad del Estado para garantizar una contienda electoral libre de violencia.

En resumen

El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, catalogado como magnicidio, representa un grave retroceso para la democracia colombiana, reavivando el fantasma de la violencia política y generando un clima de inseguridad e incertidumbre en el inicio de la carrera presidencial hacia 2026.

Artículos

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

Alerta Paisa

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sacude el panorama electoral colombiano

Artículos

Política