Escándalos de corrupción marcan la antesala de la contienda electoral de 2026

El tercer año del gobierno de Gustavo Petro ha estado marcado por una serie de escándalos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios, congresistas y miembros de su familia, configurando un escenario que será central en el debate electoral de 2026. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se ha convertido en el principal foco de críticas y cuestionamientos sobre la promesa de cambio del actual gobierno. El entramado de la UNGRD, que investiga el presunto desvío de dineros para el pago a congresistas, ha implicado a ministros como Ricardo Bonilla (Hacienda), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Luis Fernando Velasco (Interior), así como a altos funcionarios como Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. La Fiscalía ya anunció la imputación de cargos contra Bonilla y ha compulsado copias para investigar a otros miembros del gabinete. Este escándalo se suma a otras controversias, como las presuntas violaciones a los topes de financiación de la campaña presidencial, el proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y las denuncias sobre cuotas políticas en la DIAN. Un informe de Transparencia por Colombia advierte sobre un retroceso en la lucha anticorrupción, señalando que el presidente Petro no ha asumido la responsabilidad suficiente ante la magnitud de estos hechos. Según Andrés Hernández, director de la organización, no existe una política integral para enfrentar la corrupción. Estos escándalos han debilitado la imagen del gobierno y han proporcionado a la oposición una poderosa narrativa para la campaña de 2026, centrada en la supuesta traición a las promesas de transparencia y cambio.

En resumen

Una serie de escándalos de corrupción, con el caso de la UNGRD a la cabeza, ha afectado la credibilidad del gobierno Petro. Estas controversias, que involucran a altos funcionarios y familiares del presidente, se perfilan como un tema central para la oposición en las elecciones de 2026.

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Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

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