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Uribe enmarca su condena como una batalla política de cara a las elecciones de 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha posicionado su condena a 12 años de prisión domiciliaria como un enfrentamiento político fundamental para el futuro de Colombia, instando a sus seguidores a continuar la lucha electoral en 2026. Esta estrategia busca transformar un revés judicial en un catalizador para la oposición, movilizando su base electoral y enmarcando el fallo como una persecución ideológica. Tras comparecer ante un juzgado en Rionegro para formalizar su encarcelamiento, Uribe difundió un video en el que, ya con la “identificación de preso”, se comprometió a intensificar su actividad política. En su mensaje, declaró que su objetivo es que Colombia “derrote la naciente mordaza neocomunista” en las elecciones de 2026.

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Esta narrativa presenta su situación no como un caso de manipulación de testigos y fraude procesal, sino como un episodio de ‘lawfare’ orquestado por sus adversarios para silenciarlo. La jueza Sandra Heredia lo halló culpable de ser el determinador en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al considerar probado que instigó a su abogado, Diego Cadena, a cometer dichos ilícitos. La reacción de sus copartidarios ha sido coordinada, atacando la legitimidad de la justicia y promoviendo la idea de una instrumentalización política del sistema judicial. La senadora y precandidata María Fernanda Cabal afirmó que “este fallo será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política”. Con esta postura, el uribismo busca convertir la condena en un símbolo de resistencia, con la mira puesta en capitalizar el descontento de sus seguidores y unificar a la derecha de cara a la próxima contienda presidencial.

ai briefingEn resumen
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha respondido a su condena de 12 años de prisión domiciliaria enmarcándola como una lucha política contra una “mordaza neocomunista”. Su llamado a sus seguidores es a redoblar esfuerzos para las elecciones de 2026, convirtiendo su revés judicial en una causa para movilizar a la oposición.

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