Esta narrativa presenta su situación no como un caso de manipulación de testigos y fraude procesal, sino como un episodio de ‘lawfare’ orquestado por sus adversarios para silenciarlo. La jueza Sandra Heredia lo halló culpable de ser el determinador en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al considerar probado que instigó a su abogado, Diego Cadena, a cometer dichos ilícitos. La reacción de sus copartidarios ha sido coordinada, atacando la legitimidad de la justicia y promoviendo la idea de una instrumentalización política del sistema judicial. La senadora y precandidata María Fernanda Cabal afirmó que “este fallo será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política”. Con esta postura, el uribismo busca convertir la condena en un símbolo de resistencia, con la mira puesta en capitalizar el descontento de sus seguidores y unificar a la derecha de cara a la próxima contienda presidencial.