A pesar del relativo alivio, la medida se produce en un momento de crecientes tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. Estas fricciones se han agudizado por las críticas de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, al fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, calificándolo de “instrumentalización de la justicia”.

La Cancillería colombiana rechazó estas declaraciones por vulnerar la soberanía nacional.

En este contexto, el presidente Petro se reunió el 31 de julio con John T. McNamara, jefe de la misión de EE.

UU. en Bogotá, en un aparente esfuerzo por mantener abiertos los canales diplomáticos.