La administración del presidente Donald Trump confirmó que Colombia permanecerá sujeta a un arancel general del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, una medida que entrará en vigor el 7 de agosto. La decisión se enmarca en una nueva política comercial de “reciprocidad” que impone gravámenes más altos a decenas de países, pero que sitúa a Colombia entre los menos afectados, en parte debido a su balanza comercial desfavorable con la potencia norteamericana. La ministra de Comercio, Diana Morales, confirmó la noticia y aseguró que “continúan los acercamientos técnicos entre ambos países” para mantener las relaciones comerciales de manera constructiva. Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, afirmó que el país salió “bien librado”, ya que competidores directos como Vietnam enfrentarán aranceles de hasta el 36%.
A pesar del relativo alivio, la medida se produce en un momento de crecientes tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. Estas fricciones se han agudizado por las críticas de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, al fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, calificándolo de “instrumentalización de la justicia”.
La Cancillería colombiana rechazó estas declaraciones por vulnerar la soberanía nacional.
En este contexto, el presidente Petro se reunió el 31 de julio con John T. McNamara, jefe de la misión de EE.
UU. en Bogotá, en un aparente esfuerzo por mantener abiertos los canales diplomáticos.
En resumenAunque Colombia evitó los aranceles más severos impuestos por Estados Unidos, la medida del 10% se implementa en un clima de tensión bilateral. La situación pone a prueba la capacidad del gobierno Petro para navegar una compleja relación diplomática y comercial con su principal socio, un factor que sin duda influirá en el debate electoral de 2026.