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Polarización se agudiza tras fallo contra Uribe con choques entre Gobierno, oposición y ramas del poder

El veredicto de culpabilidad contra el expresidente Álvaro Uribe desató una tormenta de reacciones que ha agudizado la polarización política del país, involucrando al presidente Gustavo Petro, al Banco de la República, a la Corte Suprema de Justicia y a figuras de la oposición. Inmediatamente después del fallo, el presidente Petro intensificó sus críticas contra el Banco de la República por mantener la tasa de interés en 9,25%, acusándolo de “querer acabar la economía colombiana” y de apostar “electoralmente con mucha irresponsabilidad”. El gerente del Emisor, Leonardo Villar, respondió enfáticamente que la entidad “no toma decisiones con criterios políticos y menos de corto plazo”, defendiendo la autonomía del banco. A su vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó al banco y afirmó que el único con “propósito electoral” era el propio Petro. En el ámbito judicial, la defensa de Uribe, a través del abogado Víctor Mosquera, denunció penalmente al presidente Petro ante la Comisión de Acusación por presunta calumnia y hostigamiento, a raíz de publicaciones en redes sociales donde el mandatario vinculaba a Uribe con graves delitos. Paralelamente, las víctimas del caso, lideradas por el senador Iván Cepeda, alertaron a la ONU y a la CIDH sobre presuntas presiones externas al poder judicial, en referencia a las críticas de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio. Esta tensión llevó a la Corte Suprema de Justicia a emitir un comunicado rechazando “injerencias indebidas” y expresiones que ponen en riesgo a los jueces, un respaldo implícito a la jueza Sandra Heredia.

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Mientras tanto, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal denunció una “guerra digital sin precedentes” orquestada desde el extranjero para destruir la imagen de Uribe.

ai briefingEn resumen
La condena a Uribe ha servido como catalizador para una confrontación generalizada entre el Ejecutivo, la oposición y las ramas judicial y económica, sentando un clima de alta tensión que definirá el debate público y la estrategia electoral de los diferentes sectores en los próximos meses.

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