La exfuncionaria, que operaba como enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, recibirá inmunidad por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice, por un periodo de un año prorrogable. Su testimonio es considerado crucial, ya que afirma tener información sobre la gestión de contratos de emergencia en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra, por más de 92.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos contratos habrían sido direccionados a contratistas cercanos a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que facilitaran la aprobación de créditos internacionales para el gobierno de Gustavo Petro en 2023. La información proporcionada por Benavides es clave para el proceso penal que la Fiscalía ya anunció contra el exministro Bonilla por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El testimonio de Benavides será valorado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para determinar si abre nuevas líneas de investigación o fortalece las ya existentes contra los aforados mencionados.