El acuerdo busca establecer una zona económica especial en los estados venezolanos de Táchira y Zulia y en el departamento de Norte de Santander, para impulsar el comercio, el turismo y la cooperación en salud y educación. El gobierno de Gustavo Petro ha defendido la iniciativa como una “hoja de ruta conjunta para el desarrollo” y ha negado que implique una cesión de soberanía. La ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que “no hay nada oculto” y que el objetivo es transformar territorios históricamente excluidos. Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo en el legislativo y por expertos. Los senadores Alfredo Deluque y Alejandro Chacón, promotores de la citación, exigen claridad sobre los mecanismos de control para evitar que la zona sea aprovechada por actores ilegales. Por su parte, Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, advirtió que el memorando tiene las características de un tratado internacional y, por tanto, debe ser aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Abello señaló que el acuerdo es “jurídicamente riesgoso” y podría reavivar disputas territoriales no resueltas, especialmente en la frontera marítima de La Guajira.