A través de su cuenta en la red social X, Rubio afirmó que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”. Añadió que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. A estas declaraciones se sumaron otros congresistas republicanos como María Elvira Salazar, quien calificó la decisión como una “infamia” y un acto de “persecución política” propio del “libreto del castrochavismo”, y Mario Díaz-Balart, quien denunció una “cacería de brujas”. En respuesta, el presidente Petro defendió la independencia de la justicia colombiana. “Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia”, escribió el mandatario, quien calificó las declaraciones de autoridades extranjeras como un “ultraje”. La canciller encargada, Yolanda Villavicencio, también rechazó las afirmaciones de Rubio, señalando que “vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”. Este cruce de declaraciones evidencia la profunda división que el caso genera a nivel internacional y eleva la tensión diplomática entre Bogotá y Washington.