La medida se fundamenta en el Decreto 1047 de 2024, que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel debido a la “gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina”. El presidente ha afirmado que “con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina”. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas en sectores económicos y diplomáticos. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que estas acciones unilaterales podrían derivar en litigios y dañar la imagen internacional del país, ya que “el comercio internacional no funciona con ideologías ni decretos personales”. Expertos legales señalan que frenar contratos válidos podría configurar un “Hecho del Príncipe”, obligando al Estado colombiano a pagar indemnizaciones. Además, se advierte sobre los riesgos para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel y el impacto económico en departamentos como La Guajira y Cesar, que dejarían de percibir más de 100.000 millones de pesos en regalías. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la orden presidencial y anunció una evaluación para determinar si la salida del buque violó el decreto vigente.