El caso, que se originó en 2014 tras una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda que se revirtió en su contra, enfrenta dos narrativas. La Fiscalía sostiene que Uribe fue el determinador de una estrategia para manipular testigos a través de su abogado Diego Cadena. Por otro lado, la defensa alega ser víctima de un “entrampamiento político y judicial” y una persecución articulada por el “Petro-Santismo”. El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve es uno de los testigos clave en contra del expresidente, aunque su testimonio ha sido cuestionado. El proceso ha estado marcado por controversias, como las más de 20.000 interceptaciones que Uribe califica de ilegales y la recusación de la magistrada Cristina Lombana. El exfiscal Francisco Barbosa ha calificado el proceso como “un típico proceso sin prueba técnica”. La decisión de la jueza Heredia tendrá profundas implicaciones políticas, ya que una condena representaría un golpe devastador para el legado de Uribe y el Centro Democrático, mientras que una absolución podría revitalizar su liderazgo en un clima de alta polarización nacional.