Impulsada por congresistas de diversas bancadas como Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia, la ley prohíbe la publicación de sondeos de intención de voto hasta tres meses antes del inicio del periodo de inscripciones de candidaturas. Una vez cerrado dicho plazo, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente inscritos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la medida, asegurando que “no es ninguna mordaza, es al revés, es para que no se vayan prefabricando candidatos”. Según Benedetti, el objetivo es que las campañas se basen en “propuestas y visitando el territorio nacional” y no en sondeos que, a su juicio, a menudo “tienen dueño propio y candidato propio”. La nueva legislación también exige que las firmas encuestadoras estén registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y le entreguen información detallada como los números marcados, grabaciones y formularios, garantizando la trazabilidad de los datos. La senadora Clara López afirmó que con esta ley se busca “equidad electoral y neutralidad en la información”, así como cualificar el proceso democrático con mayor rigor técnico y transparencia. Sin embargo, el exregistrador Alfonso Portela, aunque ve aspectos positivos en la regulación, reconoció que las limitaciones de tiempo podrían afectar la dinámica informativa en un país que vive en “campaña permanente”.
