El proyecto contempla penas de entre cinco y ocho años para los máximos responsables y de dos a cinco años para los demás miembros, además de rebajas de hasta el 70% para jóvenes implicados en las protestas sociales. Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por figuras clave. La Corte Suprema de Justicia ha expresado su preocupación por la falta de consensos y la posible invasión de competencias judiciales. A estas críticas se han sumado los exnegociadores del Acuerdo de Paz, como el expresidente Juan Manuel Santos, quien advirtió sobre el riesgo de aplicar una justicia transicional a grupos delincuenciales, y Humberto de la Calle, que calificó la propuesta de “improvisada”. El comisionado para la Paz, Otty Patiño, también ha pedido “más análisis”. Desde la oposición, la propuesta ha sido tildada de “amnistía disfrazada”. Este debate se da en un contexto de creciente inseguridad, lo que alimenta el escepticismo ciudadano sobre otorgar más beneficios a estructuras criminales.