Los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Justicia, Andrés Idárraga, formalizaron las denuncias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los denunciados se encuentran los senadores Jhonatan Ferney Pulido (Jota Pe Hernández) y María Fernanda Cabal, y los representantes Lina María Garrido y Miguel Polo Polo.

El ministro Sanguino afirmó que las conductas "podrían encuadrarse en los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria". El gobierno sostiene que estos pronunciamientos exceden la libertad de expresión y vulneran el deber constitucional de los congresistas de defender la soberanía. Sin embargo, algunos análisis sugieren que las denuncias tienen escasas posibilidades de prosperar jurídicamente, enmarcando la acción más como una estrategia política para confrontar a la oposición en un momento de alta polarización.