Ahora, el alto tribunal está dividido sobre si el arreglo fue suficiente.

Un grupo de cuatro magistrados, de tendencia más conservadora y liderado por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, considera que la reforma debe ser tramitada nuevamente para corregir los vicios. El otro bloque de cuatro magistrados, de corte más liberal y que incluye al nominado por Petro, Vladimir Fernández, piensa que el proceso ya fue subsanado y la reforma puede seguir su curso.

La decisión está en manos del conjuez Márquez, un abogado experto en derecho privado cuya postura constitucional es una incógnita. Si se inclina por devolver la reforma al Congreso, el gobierno enfrentaría un escenario complejo y adverso, debiendo reabrir el debate en plena campaña electoral, lo que pondría en grave riesgo la supervivencia de uno de sus proyectos bandera.