Sin embargo, el decreto enfrenta serios cuestionamientos jurídicos.

Para que la emergencia sea avalada, el gobierno debe probar que la crisis era un hecho "imprevisible" y que no existían "mecanismos ordinarios" para solucionarla. Los críticos, incluyendo expertos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), argumentan que la situación fiscal era conocida y que existían alternativas como el recorte de partidas presupuestales. La tensión entre el Ejecutivo y la Corte es palpable. El presidente Petro ha advertido que "si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave". Si el tribunal tumba el decreto, no solo se caerían las medidas tributarias que el gobierno planeaba, como el aumento del 4x1000 a 5x1000 y nuevos impuestos, sino que también podría ordenar la devolución de lo ya recaudado, agudizando la crisis que pretendía resolver y abriendo un nuevo capítulo en el choque de poderes.