La declaratoria de emergencia fue una respuesta directa del Ministerio del Interior a la crisis generada por la operación militar estadounidense en Venezuela, con el objetivo de atender posibles crisis humanitarias o migratorias y reforzar la seguridad. Sin embargo, la medida ha generado preocupación por sus implicaciones jurídicas y su alcance.

Según uno de los artículos, el tribunal constitucional analizará los "huecos jurídicos del decreto de emergencia" y se contempla la posibilidad de que "podría decretar una medida cautelar para suspender sus efectos" mientras estudia el fondo del asunto. Este análisis se centrará en verificar si los hechos que motivaron la emergencia son realmente sobrevinientes, graves e imprevisibles, y si las facultades que se arroga el Ejecutivo son proporcionales a la crisis. La decisión de la Corte es de suma importancia, ya que no solo validará o anulará las acciones gubernamentales en la frontera, sino que también sentará un precedente sobre el uso de este poder excepcional en un contexto de alta tensión regional y en pleno año electoral.