Decreto del salario mínimo para 2026 enfrentará demanda de nulidad ante el Consejo de Estado
El aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, establecido por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 1469 de 2025, será objeto de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esta acción judicial se perfila como uno de los primeros grandes enfrentamientos político-jurídicos del año, oponiendo la visión del Ejecutivo a la de sectores que consideran el incremento desproporcionado. El Gobierno ha defendido el aumento como un acto de justicia social y una aplicación directa de la Constitución de 1991, que ordena una remuneración "mínima, vital y móvil". La argumentación oficial, expuesta en los textos, sostiene que la fijación del salario no es un "cálculo mecánico" basado solo en inflación y productividad, sino un "juicio de ponderación" que debe incorporar el concepto de salario vital para garantizar una vida digna. Según la exministra y defensora de la medida, Clara López Obregón, el decreto no se extralimita, sino que realiza una "interpretación conforme a la constitución, tan largamente ignorada", y justifica el incremento como un "ajuste parcial y progresivo" compatible con la sostenibilidad macroeconómica. Por otro lado, quienes anuncian la demanda argumentan que el aumento genera retos insostenibles, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y que la decisión se tomó sin el consenso requerido en la Comisión de Concertación. La controversia se centra en si el Gobierno ponderó adecuadamente todos los parámetros legales o si privilegió su agenda política, un dilema que ahora deberá resolver la alta corte administrativa. El resultado de este proceso no solo definirá la validez del aumento, sino que sentará un precedente sobre el alcance del poder del Ejecutivo en la fijación unilateral del salario mínimo.



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