La ley busca dotar a municipios y departamentos de mayores herramientas para la gestión de sus recursos y la financiación de sus planes de desarrollo, un reclamo histórico de las regiones que a menudo dependen de las transferencias del gobierno central. La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, cuya firma es indispensable para la entrada en vigor de la norma. La sanción presidencial es un trámite que usualmente se considera protocolario una vez un proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, el Presidente tiene la facultad de objetar la ley por razones de inconveniencia o inconstitucionalidad. La decisión que tome el presidente Petro será un indicador clave de la postura de su gobierno frente al federalismo fiscal y la autonomía regional, y podría fortalecer o tensionar las relaciones con los alcaldes y gobernadores en un año preelectoral.